El 23 de diciembre de 2025 quedará registrado como el día en que la justicia chilena puso fin a uno de los esquemas de corrupción municipal más extensos de la Región de O’Higgins. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua declaró culpable a Juan Ramón Godoy Muñoz de delitos reiterados de cohecho agravado, fraude al fisco, lavado de activos y delitos tributarios.
Tras 20 meses en prisión preventiva y un juicio que desnudó el uso de fondos públicos para beneficio personal, Godoy aguarda ahora la lectura de su sentencia definitiva el próximo 9 de enero de 2026, enfrentando una solicitud de pena de hasta 23 años de presidio.
Quién es Juan Ramón Godoy: Del aula a la celda
Juan Ramón Godoy Muñoz (48) es profesor de Historia y Geografía de formación. Su ascenso político fue meteórico, posicionándose como una de las figuras más prometedoras de la centroizquierda regional:
Inicios: Fue Supervisor Técnico Pedagógico y Coordinador de Educación en la Provincia de Cachapoal.
Cargos de Poder: Se desempeñó como Intendente de la Región de O’Higgins (2015-2016) durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y posteriormente fue elegido Consejero Regional (2018-2019).
Alcaldía: En 2021 alcanzó el sillón municipal de Rancagua, cargo que ostentó hasta su destitución y posterior formalización en abril de 2024.
Su gestión, que prometía transparencia tras los cuestionamientos a su antecesor, terminó sumida en lo que la fiscalía denominó una «gobernanza fraudulenta», donde se le apodó «el pastorcito» por exigir presuntamente el 10% (un diezmo) de los contratos a sus proveedores.
Penas concretas y el factor CORE
La justicia acreditó que Godoy recibió sobornos en efectivo, pagos de arriendos de lujo y hasta un automóvil Mazda CX9 valorado en más de $32 millones por parte de empresarios. El monto total del perjuicio fiscal se estima en $2.300 millones.
Un punto crítico del juicio fue su vínculo con la consejera regional Jacqueline Jorquera. Durante los allanamientos, se incautaron millones en efectivo en la oficina municipal, fondos que la consejera intentó justificar como propios. Este nexo evidenció cómo la red de influencias de Godoy permeaba otros niveles del gobierno regional, poniendo en duda la fiscalización de los recursos que el CORE asignaba a la capital.
La Ruta del Dinero: Los $2.300 Millones y los «Proveedores VIP»
El juicio contra Juan Ramón Godoy no solo expuso la ambición de una autoridad, sino que reveló una estructura de «socios estratégicos» que permitieron el desfalco. El monto defraudado, estimado en $2.300 millones, no se perdió solo en billetes, sino en una compleja red de favores y lujos.
¿A dónde fue el dinero?
La investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad acreditó que el perjuicio fiscal se dividió principalmente en tres destinos:
Sobreprecios en Licitaciones: La mayor parte del dinero corresponde a pagos excesivos por servicios que no se realizaron o que tenían un costo de mercado mucho menor. Los contratos de mantención de áreas verdes y luminarias fueron los más abultados.
Financiamiento del Estilo de Vida: El dinero «negro» (sobornos) fluyó directamente hacia Godoy para costear el arriendo de departamentos de lujo, viajes al extranjero y el pago de colegiaturas.
Adquisición de Activos: Se detectó la compra de vehículos de alta gama y otros bienes a nombre de terceros o empresas de fachada para ocultar el rastro del efectivo, lo que sustentó la condena por lavado de activos.
El perfil de los «Proveedores VIP»
Para que el fraude funcionara, Godoy necesitaba empresarios dispuestos a inflar facturas y devolver el «diezmo». Los principales implicados y condenados en esta red son:
Javier Cornejo: Dueño de una automotora y proveedor de diversos servicios. Fue el responsable de «facilitar» el automóvil Mazda CX9 de $32 millones que utilizaba el alcalde. Su rol era el de financista directo de los gustos personales de Godoy a cambio de contratos de seguridad y logística.
Diego Barba: Empresario del rubro de la limpieza y gestión de residuos. Se le vinculó con el pago de coimas sistemáticas para asegurar que sus empresas se adjudicaran tratos directos, saltándose las licitaciones públicas obligatorias.
Carlos Valencia y Daniel Salazar: Representantes de empresas que operaban en el área de obras civiles. Según la fiscalía, estos proveedores entregaban tarjetas de débito con saldo al alcalde para que este realizara compras en multitiendas y supermercados sin dejar rastro en sus propias cuentas bancarias.
Un sistema de «Caja Chica» gigante
El modus operandi era simple pero efectivo: Godoy decretaba «emergencias comunales» falsas para evitar las licitaciones públicas y contratar directamente a estos empresarios. Una vez que el municipio pagaba las facturas infladas, los proveedores retiraban el excedente en efectivo y se lo entregaban al alcalde en reuniones privadas o mediante el pago directo de sus deudas personales.
Significado para la región
Para los habitantes de O’Higgins, este caso significa el quiebre de una estructura de impunidad. La condena por lavado de activos es especialmente relevante, ya que impide que el culpable acceda a beneficios de libertad vigilada fácilmente. El mensaje para las futuras autoridades es claro: el control sobre los «tratos directos» y el uso de las corporaciones municipales como billeteras privadas será, de ahora en adelante, el foco principal de la justicia regional.
