La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ordenó la paralización inmediata del proyecto «Concesión Ruta 66 – Camino de La Fruta» tras confirmar graves incumplimientos a su permiso ambiental, incluyendo el uso de explosivos en un 460% superior a lo autorizado, lo que generaría riesgos para la salud de comunidades aledañas y el ecosistema. La medida, avalada por el Segundo Tribunal Ambiental, suspende por 30 días las tronaduras en la Variante San Juan, entre Santo Domingo y San Antonio (Región de Valparaíso).
Denuncias ciudadanas e inspecciones clave
Trece denuncias de residentes de San Juan alertaron sobre daños a viviendas, fauna local y problemas de salud atribuidos a las obras, especialmente a las tronaduras. Entre septiembre de 2024 y enero de 2025, la SMA realizó seis inspecciones y tres requerimientos de información al titular, Sociedad Concesionaria Ruta de La Fruta S.A. Los datos revelaron que, mientras el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobó un máximo de 20 explosiones en la Variante San Juan, la empresa ejecutó 92 en 14 meses, con emisiones de material particulado (MP10) 859% superiores a lo declarado.
Incumplimientos críticos y riesgo inminente
El proyecto, que busca ampliar 138 km de ruta entre O’Higgins, Valparaíso y Santiago, prometió en su permiso ambiental (RCA N°255/2013) usar explosivos «en zonas apartadas de la población». Sin embargo, las tronaduras se realizaron cerca de viviendas, sin garantizar la evacuación de residentes en un radio de 500 metros, medida clave de mitigación. Además, la SMA detectó falta de un plan de comunicación para informar a la comunidad sobre fechas, lugares y protocolos de seguridad.
Cifras que alarman
– Tronaduras ejecutadas: 92 (460% más que las 20 autorizadas).
– Emisiones de MP10: 0.22 ton/año, frente a las 0.0256 ton/año proyectadas.
– Inspecciones realizadas: 6 en cinco meses
Claudia Pastore, superintendenta (s) de la SMA, enfatizó: «Las tronaduras no se ajustan al permiso ambiental. Hay un riesgo inminente para la salud y el medioambiente, por lo que la paralización era necesaria».
Falta de transparencia y medidas pendientes
El titular no presentó pruebas de haber reubicado a los vecinos durante las explosiones, ni detalló cómo garantizaría su seguridad. A esto se suma la ausencia de un cronograma claro para informar a la comunidad, pese a que ya se han realizado tronaduras en el área.
La SMA mantendrá vigilancia en el sector y evaluará sanciones definitivas tras los 30 días de paralización. Mientras, el caso expone fallas críticas en el monitoreo de megaproyectos y su impacto en comunidades vulnerables.
